Hora Libre

 

Álvaro Belin.

Lo que ya preveíamos desde que fue anunciado para el puesto hace dos años, Hilario Barcelata Chávez empeoró la situación de por sí irregular que viene padeciendo el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), en lugar de poner orden a una situación que se complicó desde que el gobierno de Fidel Herrera Beltrán empezó a meter mano a su fondo de contingencia, llamado reserva técnica, que según varios enterados sobrepasaba los 20 mil millones de pesos.

Fidel lo dejó en los 5 mil 700 millones que encontró el gobierno de Javier Duarte, quien puso en la dirección general al martinense Gonzalo Morgado Huesca, con la encomienda de no tocar esa cifra; Morgado habría de renunciar pronto por negarse a transferir estos recursos a satisfacer la desmedida ambición del cordobés preso en el Reclusorio Norte, y quienes le siguieron obedecieron ciegamente las instrucciones de la banda criminal encabezada por Duarte hasta dejar prácticamente en ceros esa reserva técnica.

Con Miguel Ángel Yunes Linares en el gobierno estatal, las cosas no mejoraron ni tantito. Lo único que buscó Yunes fue cumplir con los pagos de pensiones y demás compromisos con pensionados y jubilados, postergando indefinidamente la incorporación de muchos jubilados que quedaron entrampados en una situación sumamente difícil: la de ya no recibir sus salarios en las dependencias en que habían prestado por décadas sus servicios, pero tampoco recibir las pensiones que les correspondían por ley pues sus expedientes fueron acumulados en los archiveros sin que hubiera alguien que los sacara del ostracismo y el olvido.

Ahora, la nueva directora del IPE, Daniela Griego Ceballos, a raíz del inicio del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, ha revelado lo que en el párrafo anterior señalamos: hay cerca de mil 770 trámites rezagados que significan un pago superior a los 250 millones de pesos, para los cuales la administración del economista Barcelata Chávez no dejó ni un centavo, entretenido en corretear a hermosas jovencitas con que abultó la nómina de ese organismo público descentralizados (OPD).

Según la exdiputada local de Morena, se trata de acuerdos aprobados y autorizados por el Consejo de Administración en los años 2017 y 2018 que no se atendieron y ahora la actual administración del IPE tendrá que enfrentar. Entre ellos, las altas de nuevas pensiones y su correspondiente retroactivo, lo que significa entregar los pagos correspondientes desde el día en que se acuerda la jubilación hasta que causa alta en la nómina de pensionados: “tenemos casos que lamentablemente datan de 2017 y 2018 que no se les ha pagado”.

Además, el retraso en la devolución de cuotas aportadas por un monto superior a 20 millones de pesos, que corresponde a cuando el trabajador por despido o accidente deja de aportar y solicita la devolución de sus cuotas; así como solicitudes de apoyo para gastos funerarios.

Griego Ceballos describe la situación que dejaron Yunes Linares y Barcelata: “Hemos estado haciendo los ajustes necesarios. Ha venido mucha gente reclamando con justificada razón sus pagos, estamos armando un primer calendario para empezar a cubrir esos pendientes que nos dejó la administración pasada, que debieron haber atendido en su momento y que no lo hicieron”.

La socióloga dijo que a principios de este mes se entregó a la Contraloría General el dictamen de la entrega-recepción. Estamos a la espera de la respuesta y de las observaciones para ver qué procede y si es necesario tomar alguna medida correctiva o sancionadora contra dicho exfuncionario”.

Y describe la situación enfrentada en los primeros 50 días de administración: “Tenemos la carga mensual de la nómina de pensionados. Nos tocó llegar en diciembre con la nómina de más de mil millones de pesos, porque es pensión, aguinaldo y algunas otras prestaciones que se pagan. Afortunadamente se pagó bien, pero en enero ya dependemos del subsidio estatal porque la nómina normal cada mes para las pensiones es de 400 millones de pesos y cada mes varía porque hay nuevas altas que cubrir”.

Lo que nunca, ni por asomo, se propusieron hacer en los dos años de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, este domingo lo hicieron los afiliados a la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz (Astraver): un paro indefinido de labores que ha afectado gravemente no solo a los miles de usuarios del Puerto de Veracruz, donde radica su mayor fuerza y donde se sospecha que viven sus principales instigadores, sino sobre todo al comercio establecido e informal tanto de Veracruz como de Boca del Río.

¿Qué pretenden quienes, embozados tras su careta de transportistas, incluso violentaron a sus compañeros que se atrevieron a dar el servicio e, incluso, golpearon a uno que otro usuario que, en su desesperación, los increpó con cierta severidad? Que les autoricen un incremento en las tarifas que nunca demandaron con la beligerancia con que ayer lo hicieron al gobierno de Yunes Linares.

Víctor Castelán Crivelli, presidente de la Astraver, una asociación que no solo tiene afiliados en la zona porteña sino, según él, en todo el estado, dijo algo tonto e increíble: que el paro no era por tarifas más altas sino para dialogar con el gobierno, para que Cuitláhuac escuche las demandas del sector, cuando ha sido claro para todos la apertura del nuevo gobierno a reunirse con los sectores sociales con ánimo de mejorar lo que sea posible.

Y es que el exdiputado local priista, excandidato a la alcaldía de Orizaba y uno de los principales impulsores de la campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez a la gubernatura de Veracruz, no quiere que le suban las tarifas sino que el gobierno estatal establezca subsidios para el sector transportista, como seguramente ya lo había acordado con el Chiquiyunes.

No solo eso. Recomendó al Gobierno estatal meter orden en el sector pues, según él, existen invasiones en las rutas con la complacencia de las autoridades, lo cual perjudica a las empresas que se encuentran en regla, algo que de ser cierto no ha sido desde el primero de diciembre sino desde mucho antes.

Para confirmar la insana alianza de estos transportistas con la estrategia de Miguel Ángel Yunes Linares para crear el mayor número de conflictos al gobierno de Morena, Castelán Crivelli exigió al gobierno estatal retirar las unidades del transporte público que no aprobaron el reordenamiento que impulsó la administración panista y que fueron incorporadas nuevamente en las rutas a partir del 2 de diciembre, ya en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

Vamos a ver en qué terminan estas pulseadas, porque a la hora de escribir estas líneas, la tarde del domingo, no había ninguna declaración de parte de los encargados de la política estatal ni de transporte público.

Polvo de gis
Coatzacoalcos, en los primeros sitios de violencia… El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) acaba de publicar sus resultados del vigésimo segundo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y ¿sabe qué?, no le va nada bien a la capital veracruzana del petróleo. En efecto, en este ejercicio que mide la percepción de inseguridad de los mexicanos, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron Reynosa (96%), Chilpancingo de los Bravo (93.8%), Puebla de Zaragoza (93.4%), Coatzacoalcos (93.4%), Ecatepec de Morelos (93.4%) y Villahermosa (92.3%). Se ubica a la par que la capital del vecino estado de Puebla, ciudad con la que comparte el tercer lugar nacional. Mientras esto sucede con Coatzacoalcos, las ciudades más seguras fueron San Pedro Garza García (23.1%), Mérida (28.8%), Saltillo (30.5%), Puerto Vallarta (38.7%), Durango (39.5%) y Los Cabos (42.3%), las que registraron una menor percepción de inseguridad… Mujeres a punto de un ataque de nervios… Como para corroborar este sentimiento, la noche del viernes un pequeño comando armado asaltó a 20 mujeres que convivían en un domicilio particular, a quienes despojaron de valores que llevaban consigo. La policía, ay, la policía llegó una hora después, al parecer para el recalentado, porque para perseguir a los delincuentes no servían para nada… Ciudades petroleras, en crisis; Poza Rica no se recupera… Si Coatzacoalcos vive su peor crisis económica y de seguridad, otra ciudad petrolera, Poza Rica, no encuentra salida a su grave situación económica, a la que lo orillaron la cancelación de millonarias inversiones de Pemex hace años, que hicieron que el sector inmobiliario creciera y colapsara. Según un reporte del corresponsal de la agencia AVC, Misael Olmedo, la situación para arrendadores de inmuebles comerciales o vivienda sigue siendo preocupante. Y es que los espacios en renta no tienen demanda y su mantenimiento es cada vez más costoso. Desde que se registró la recesión económica por la crisis presupuestal en la industria petrolera, a partir de 2009, comenzaron a desocuparse los inmuebles en renta que, durante el “boom petrolero”, mantuvieron precios muy altos. Los despidos de trabajadores en las empresas ligadas al sector energético propiciaron la rápida desocupación de las viviendas y pese a que han reducido hasta en 60 por ciento los montos de los alquileres, resulta que no hay quien necesite esas casas-habitación… Pocos proyectos para recuperar las ciudades petroleras… ¿Qué harán los gobiernos federal y estatal para mejorar la situación en las dos principales ciudades petroleras de Veracruz? No lo sabemos. Hay proyectos de mediano y largo plazo, como el caso del tren en el Istmo de Tehuantepec que uniría los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, y se insiste en el tema de la zona económica especial, pero para Poza Rica de plano no hay nada, ni con AMLO ni con Cuitláhuac, quien poco se ha movido a la zona norte…

Comentarios: belin.alvaro@gmail.com

 
 

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